El juzgado analiza una malversación de fondos de 13,6 millones de euros, para lo que ha llamado a declarar a imputados y peritos

A finales de marzo, la Diputación Foral de Gipuzkoa dio a conocer el hallazgo de 10.253.000 euros adicionales, abonados por trabajos no realizados, lo cual provocó la solicitud de ampliación de la querella, presentada la pasada semana. El juzgado de Azpeitia ha admitido ahora dicha ampliación de la querella, y ha ordenado determinadas actuaciones. Así, el 2 de junio próximo las tres personas imputadas deberán comparecer de nuevo ante el juzgado; el 3 de junio declararán como peritos los integrantes del equipo de Ingeotyc, que ha elaborado el informe sobre los túneles; y el 4 de junio, representantes de la empresa Euskontrol, autora de diversas mediciones y recogida de testigos.

Conviene recordar que la Diputación Foral presentó una querella el pasado mes de noviembre por malversación de fondos públicos y falsificación de documentos, a causa de abonos de obras no realizadas en la tramo Eskoriatza-Arrasate de la AP-1 (3,4 millones de euros); querella que fue admitida a trámite, y ahora se ve ampliada. Por consiguiente, el juzgado analizará si en la legislatura anterior se abonaron un total de 13,6 millones de euros por obras no realizadas.

Los datos relativos a la ampliación de la querella pueden consultarse aquí.

Además de dar cuenta de la ampliación de la querella, la portavoz de la Diputación Larraitz Ugarte ha respondido directamente al PNV. «¿Es acaso un cacique el juez que admitió a trámite la querella y aprueba ahora su ampliación? ¿Busca el objetivo de «desgastar al adversario»? ¿Hace acusaciones infundadas? No estaría de más que los medios de comunicación pidieran opinión al PNV sobre la ampliación de la querella. En realidad, el PNV en lugar de responder a las interpelaciones recurre a clichés políticos que, a la vista de que la querella sigue su rumbo, pierden toda credibilidad», ha señalado Ugarte. Además, ha recordado que la víspera la Diputación denunció hechos de enorme gravedad, por 10 millones de euros abonados en 2011 por obras, supuestamente realizadas, en territorio alavés y liquidadas en 2009, señalando nombres y apellidos de los responsables, a los que dirigía una pregunta muy clara: «¿Cómo es posible que se abonaran esos 10 millones? Todo lo ocurrido reviste enorme gravedad, de la que deberán responder los responsables del momento. Están claras las graves responsabilidades políticas, que recaen sobre quienes firmaron los documentos: Eneko Goia, Luis Mari Apraiz y Felix Urkola. Eso es lo que ayer planteamos, pero no han hablado. Ante una pregunta directa y pública, la respuesta debe ser clara y pública».

Vía Diputación Foral de Gipuzkoa