‘Un verdadero impuesto sobre la riqueza’, artículo de opinión de Helena Franco

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15 de octubre de 2014 / Helena Franco

Un verdadero impuesto sobre la riqueza

Desde su presentación en sociedad, el Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas (el IRGF) se ha convertido en el centro de todos los ataques, por la razón evidente de que los impuestos sobre la riqueza no gustan en general a los poseedores de riqueza; y menos en este caso, en el que el impuesto está bien hecho, y ha cerrado las principales vías de escape que suelen tener los impuestos patrimoniales para favorecer una tributación light de las grandes fortunas.

 

Uno de los argumentos más recurrentes a la hora de atacar a dicho impuesto es el relativo al peligro de la deslocalización de grandes contribuyentes, la famosa «fuga de patrimonios». Los ataques vienen básicamente desde dos líneas de argumentación.

 

a) Por un lado, el discurso más agresivo, cuestionando la oportunidad de cualquier aumento de la presión fiscal sobre los más pudientes, y haciendo abierta apología del dumping fiscal, viene a decir lo siguiente: si subimos los impuestos a los ricos, se van a ir a otras áreas de menor tributación, y eso va a derivar en menores inversiones, menos crecimiento y menos empleo. Consecuencia: todos salimos perjudicados. Por lo tanto, cuanto menores sean los impuestos a grandes capitales y grandes fortunas mejor para todos (eso sí, que el gasto público se financie fundamentalmente vía IVA e IRPF, es decir, que lo paguen los y las trabajadoras).

 

 

 

 

Un discurso muy ideológico, muy de defensa de los intereses de clase, pero muy poco sustentado en la evidencia: ya que no está demostrado que menores impuestos a los grandes capitales y patrimonios se traduzcan en un aumento de la inversión productiva, y en el propio país; al contrario, muchas veces se opta por inversiones financieras, y en mercados internacionales, sin impacto en el crecimiento y en el empleo local.

 

Es además un discurso intencionadamente exagerado, según el cual podría creerse que a esos grandes poseedores de riqueza el «impuesto de Bildu» les quiere confiscar al menos la mitad de sus bienes, o algo parecido. Pues bien, algunos pocos ejemplos que nos ayuden a relativizar esas falsas impresiones: una persona con un patrimonio de 3 millones de euros (neto, es decir, descontadas las deudas) pagaría como máximo 10.000 euros, equivalente al 0,33% de su patrimonio. Con 5 millones, tributaría a lo sumo un 0,75%, y pagaría 37.500 euros. En ningún caso se llega al 1% de tributación. Teniendo en cuenta que la rentabilidad media del capital se sitúa en torno al 4-5%, es poco creíble que haya contribuyentes de este impuesto que no tengan realmente recursos suficientes para el pago del mismo. Y mucho menos que sea un factor determinante para provocar un desplazamiento masivo de esas personas a otros territorios.

 

b) Por otro lado, está la argumentación de quienes desde un punto de vista de justicia fiscal defienden la oportunidad de incrementar la presión sobre los grandes patrimonios, sin embargo consideran que mientras haya países con diferentes sistemas fiscales y diferentes exigencias de tributación, dada la actual movilidad del capital, la deslocalización puede ser un riesgo real y desaconsejan la implantación de impuestos sobre la riqueza de forma aislada en un país o territorio concreto. En estos casos se apela a la necesidad de un consenso fiscal internacional (o al menos europeo) como pre-condición para garantizar la efectividad de tales impuestos.

 

 

 

 

Indudablemente una mayor armonización a nivel mundial en lo que a la imposición sobre la riqueza es algo conveniente y a impulsar, pero no puede ser la coartada perfecta para no hacer nada en absoluto; no es preciso esperar a que el resto de territorios o países avancen para aplicar medidas que aporten en la redistribución de la riqueza. Depende de la voluntad política de los gobiernos y autoridades tributarias. El Gobierno Foral de Gipuzkoa apuesta por implantar el nuevo IRGF aceptando un nivel de riesgo que pensaba asumible y relativamente controlado, confiando en una respuesta solidaria por parte de la gran mayoría de entre las y los guipuzcoanos que por sus patrimonios quedaban sujetos al nuevo impuesto; y siendo conscientes a su vez de que las deslocalizaciones no son ni tan fáciles ni tan frecuentes como nos quieren hacer creer los que interesadamente agitan una y otra vez el discurso del miedo, para frenar cualquier intento de cambio y transformación fiscal y social.

 

Y los datos nos han dado la razón. No se puede hablar de fuga de patrimonios. Frente a las voces alarmistas que auguraban todo tipo de descalabro, los datos son concluyentes: no son más que 49 los contribuyentes que habiendo declarado por el impuesto de patrimonio en 2012 cambian de domicilio en 2013; estamos hablando de un 0,62% del total de personas que tienen que contribuir por el IRGF. Un número globalmente no significativo desde el punto de vista estadístico; y menos aun si consideramos que entre ellos hay casos en los cuales desde luego no parece que la razón del traslado haya sido la presión fiscal adicional que les pudiera suponer el nuevo impuesto (ya que por ejemplo al 20% de los contribuyentes que han cambiado de domicilio les resultaba menos gravoso el IRGF que el anterior impuesto de patrimonio). No obstante, es obvio que la existencia de territorios como Madrid con una bonificación del 100% puede considerarse un paraíso fiscal en lo que a la tributación sobre la riqueza acumulada se refiere, ha podido motivar algún cambio de domicilio. En cualquier caso es una pena no poder contar con la información detallada del resultado de la campaña del impuesto de patrimonio del 2013 del resto de haciendas forales para poder realizar valoraciones más completas.

15 de octubre de 2014 / Helena Franco

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