La Diputación Foral de Gipuzkoa ha mostrado su satisfacción por las sentencias que condenan al Estado a pagar las subvenciones comprometidas en los presupuestos de 2011 a proyectos de impulso económico de varias agencias de desarrollo.

“Ha quedado claro que los gobiernos socialista y popular no actuaron conforme a la ley al incumplir unos compromisos que estaban plasmados en los presupuestos generales del Estado, lo que supuso un quebranto económico importante para las administraciones comarcales y locales” ha señalado el diputado foral de Innovación, Desarrollo Rural y Turismo, Jon Peli Uriguen. Uriguen considera, además, que a estas dos sentencias a favor de Loiola Berrikuntza Fundazioa y Tolosaldea Garatzen le seguirán otras en la misma línea ya que el incumplimiento afectó a otros proyectos como el Basque Culinary Center, el Polo de Innovación Goierri, Orona, Gaia o la ampliación del Parque Tecnológico de Miramón.

“La Diputación fue la única institución supracomarcal que actuó de forma diligente al compensar la falta de financiación del Estado y evitar que proyectos de fomento de la actividad económica y el empleo quedaran empantanados. Una vez que las sentencias sean firmes la Diputación recuperará ese dinero adelantado que nos servirá para continuar apoyando proyectos de las agencias comarcales de desarrollo” ha señalado Uriguen.

La Audiencia Nacional ha condenado al Estado (se adjuntan las sentencias) a pagar las subvenciones acordadas en su día con las entidades de desarrollo comarcal Loiola Berrikuntza Fundazioa, de Urola Erdia, y Lehiberri, de Tolosaldea. En sendas sentencias, el tribunal obliga a abonar 200.000 euros a la primera y un millón de euros para el centro de competitividad e innovación construido en Tolosa.

La decisión de los gobierno de Zapatero y de Rajoy de no hacer frente a los compromisos que el Estado adquirió, fruto de la negociación presupuestaria de 2011 con el PNV, afectó de forma grave a las finanzas de los ayuntamientos que conforman estas dos entidades de fomento, ya que eran subsidiariamente responsables de los pagos de las acciones que se habían iniciado contando con esa financiación que no llegó.

La decisión del Estado de no afrontar sus compromisos llevó a la Diputación Foral a aportar 525.000 euros para cubrir ese hueco y posibilitar que se terminara el edificio de Lehiberri y otra partida de 100.000 en el caso de Loiola Berrikuntza.

La Audiencia Nacional en ambos casos recuerda que la ley de presupuestos, que contemplaba ambas partidas, supone una “obligación legal específica” y condena al Estado no sólo a pagar las subvenciones comprometidas, sino también los intereses de demora, además de las costas.

Diputación Foral de Gipuzkoa

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redaccion@gipuzkoadigital.com GipuzkoaDigital.com 9 Febrero 2014

Donostia San Sebastián

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