• Los vecinos han solicitado formalmente al Gobierno Vasco la suspensión cautelar de la construcción de los 83 alojamientos dotacionales hasta que se resuelvan los dos recursos legales pendientes.
• La Asociación advierte: «Cuando la Administración ignora las advertencias jurídicas, los errores los acaban pagando los contribuyentes y la ciudad entera».

Donostia / San Sebastián, 30 de julio de 2026. – La Asociación de Vecinos de Riberas de Loiola ha solicitado formalmente al Gobierno Vasco la suspensión temporal de cualquier actuación administrativa, contractual o material relacionada con la construcción de 83 alojamientos dotacionales en la parcela g.000.7. La agrupación vecinal apela a la «prudencia institucional» para no avanzar en una actuación que podría ser declarada nula por los tribunales.

A pesar de alguna información publicada en algún medio, actualmente los vecinos mantienen vivos dos recursos contencioso-administrativos con el propósito de impugnar el Plan Especial y los pliegos de la licitación. Ambos procedimientos evidencian dudas razonables sobre la validez jurídica del proyecto. 

«Todos los expertos consultados coinciden en que la parcela es un lugar inadecuado para edificar en los términos propuestos. Esto nos impulsa a apostar con mayor fuerza por la vía legal, aunque nos enfrentemos a políticos que no escatiman en recursos porque los pagan con nuestro dinero y por puro cálculo electoral».

Durante meses, la Asociación ha alertado con argumentos jurídicos, técnicos y urbanísticos de los riesgos de seguir adelante. «No se trata de una postura caprichosa ni de una resistencia irracional al cambio, sino de una defensa responsable del barrio, del planeamiento aprobado y del interés general de toda la ciudadanía donostiarra», señalan desde la entidad.

¿Quién paga los errores de la Administración?

La principal preocupación de la Asociación radica en las consecuencias económicas y urbanísticas de actuar basándose en hechos consumados. En este sentido, lanzan una pregunta central: Cuando la Administración ignora las advertencias, ¿quién paga después los errores?

«La respuesta es incómoda, pero evidente. Los errores no los pagan quienes los cometen; los pagan los vecinos, los contribuyentes y los servicios públicos», advierten. Desde la Asociación detallan los riesgos reales que cualquier administración responsable debería evitar:

• Si se adjudica un contrato que luego debe anularse, habrá indemnizaciones.
• Si se inician obras que luego deben revertirse, habrá costes millonarios.
• Si se consolidan hechos consumados antes del fallo judicial, habrá responsabilidades patrimoniales.

Defensa del modelo de ciudad

La Asociación recuerda que la parcela g.000.7 no es un solar vacío esperando una oportunidad, sino un espacio dotacional previsto para equipamientos colectivos en un barrio ya consolidado. Transformarlo en alojamientos supone alterar la estructura urbana diseñada en el planeamiento general. «Hacerlo mientras existen procedimientos judiciales abiertos es, sencillamente, una temeridad», lamentan.

El colectivo vecinal insiste en que no busca la confrontación ni bloquear las decisiones legítimas, sino exigir responsabilidad. «La prudencia institucional no es un obstáculo, es una garantía de seguridad jurídica y de buena administración. Lo que está en juego no es solo una parcela, es la confianza en las instituciones y la certeza de que las decisiones públicas se toman pensando en el interés general, no en la cabezonería política», concluyen.

Riberas de Loiola exige que ya que no se escucharon las firmas recogidas en su día, ni la actual oposición firme y mayoritaria del barrio, se escuchen ahora sus advertencias y que cualquier actuación urbanística de impacto se lleve a cabo con plena seguridad jurídica, evitando errores que, de seguir adelante, acabará pagando toda la ciudad.

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• Remitido: Asociación de Vecinos de Riberas de Loiola Loiolako Erriberako Auzo Elkartea
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• redaccion@gipuzkoadigital.com 2 Agosto 2026
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Loiolako Erriberako Auzo Elkartea

Asociación de Vecinos de Riberas de Loiola

• La asociación critica que el discurso político priorice la cantidad de alojamientos para la campaña electoral, ignorando la habitabilidad y el deterioro de las promociones existentes.
• El barrio, que ya cuenta con un 33% de vivienda social, exige equidad y denuncia una campaña de acoso mediático por defender sus servicios legítimos.

Donostia, 4 de julio de 2026. La Asociación de Vecinos de Riberas de Loiola ha dado por concluida esta semana la ronda de contactos mantenida con las diferentes formaciones políticas e instituciones para abordar la situación urbanística del barrio. El balance final de estos encuentros ha sido calificado por el colectivo vecinal como «desolador», tras constatar no solo una absoluta falta de alternativas, sino también un desconocimiento total de las soluciones urbanísticas viables por parte de los representantes públicos.

A pesar de que la asociación acudió a las reuniones con una sólida batería de razones técnicas, legales y sociales, la respuesta de los partidos se ha limitado a «encogimientos de hombros» y a la consigna autoritaria de «ya, pero tenemos que hacer alojamientos». Según denuncian los representantes vecinales, esta actitud demuestra que su discurso está dictado exclusivamente por una estrategia electoral basada en la cantidad de alojamientos que puedan mostrar en su propaganda, dejando al margen las condiciones reales de habitabilidad de los futuros adjudicatarios o el evidente deterioro de las promociones ya existentes. «Esto denota un desinterés real por el problema de la vivienda y una preocupante obsesión por el rédito electoral a corto plazo», sentencian.

Un esfuerzo solidario sin parangón en la ciudad

Desde la asociación se quiere recordar que Riberas de Loiola es ya un barrio fuertemente comprometido con la vivienda pública, albergando actualmente un 33% de vivienda social. Sin embargo, lamentan que el desproporcionado esfuerzo que se le exige continuamente a esta zona no se vea reflejado en absoluto en otras partes de la ciudad, especialmente en los barrios donde los mismos agentes políticos llevan muchos años priorizando un urbanismo de hoteles y chalés que consumen suelo con un aprovechamiento mínimo.

La consecuencia de esta desidia inoperante del Gobierno municipal la pagarán los residentes de Riberas, quienes verán confiscadas sus parcelas de equipamiento a perpetuidad. «A nadie se le ocurriría proponer el derribo de un frontón o de una casa de cultura en cualquier otro barrio para construir vivienda. Sin embargo, aquí ven admisible que Riberas no disponga de servicios públicos nunca jamás para contribuir de manera mínima a resolver un problema habitacional que los vecinos no han creado», argumentan.

Denuncia de acoso en los medios de comunicación

Finalmente, la Asociación de Vecinos de Riberas de Loiola ha querido denunciar públicamente la campaña de acoso mediático a la que está siendo sometida. El colectivo vecinal critica que se intente criminalizar o tergiversar su postura en los medios por el único hecho de defender los servicios públicos básicos y el equilibrio urbano a los que todo barrio tiene legítimo derecho.

La asociación advierte que no dará un paso atrás ante las presiones y que continuará luchando para evitar que la mala gestión de la vivienda municipal termine hipotecando el desarrollo y la calidad de vida del futuro del barrio.

• Remitido Asociación de Vecinos de Riberas de Loiola
• Loiolako Erriberako Auzo Elkartea
• redaccion@gipuzkoadigital.com 5 Julio 2026
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