Remitido y foto STOP Desahucios Donostialdea, hoy 23 Abril 2026

STOP DESAHUCIOS Y LAS AFECTADAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CON DEMANDAS DE DESAHUCIO —Lorena, Houda, Gloria, Carmen y Jennifer, todas con menores a su cargo, presentes en esta rueda de prensa—, Y EN NOMBRE DE LAS CINCO FAMILIAS RESTANTES TAMBIÉN DEMANDADAS, AGRADECEMOS EL APOYO DE LA AVV ALOKAIRU BENTA-BERRI, DE LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES SOCIALES.

El objetivo de esta rueda de prensa, con concentración, es denunciar en primer lugar a los grandes tenedores, como Kutxabank y el fondo buitre Testa-Blackstone, que han solicitado al juez la reanudación de las demandas de desahucio, que estaban suspendidas por el escudo social que decayó el pasado 26 de febrero en el Congreso por los votos en contra de PP, Vox y Junts. En concreto, los casos de Lorena, de Irún, y de Luis, vecino de las VPO de Benta Berri, respectivamente.

Asimismo, exigimos una alternativa habitacional que, en el caso de Lorena y sus cinco hijos, pasa por la firma con Kutxabank de un contrato de siete años con un alquiler social.

En segundo lugar, la situación de las familias: Houda, de Irún, con cuatro hijos, cuyo juicio oral ha ratificado la fecha de desahucio fijada para el 10 de junio; y Gloria, de Lasarte-Oria, con un hijo menor, cuyos arrendadores son pequeños tenedores, a diferencia de los dos casos anteriores. Recalcamos que todas tienen acreditada ante el juez su situación de vulnerabilidad mediante el informe emitido por los servicios sociales.

Estas familias guipuzcoanas son el exponente del drama social que padecen también las 60.000 familias existentes en el Estado y centenares en Euskadi, con las demandas activadas y sin escudo social. Sólo en los ayuntamiento de Donostia e Irun se han emitido, en 2024 y 2025, respectivamente, 153 y 83 informes de vulnerabilidad exigidos por los jueces para acogerse al escudo social.

A esta lista debemos añadir las demandas de desahucio por finalización de contrato de Carmen, de Errenteria, y de Jennifer, de Donostia, con uno y dos hijos respectivamente, así como de otras cuatro familias en su misma situación. Todas ellas se han acogido a las prórrogas extraordinarias de hasta tres años que regula la Ley de Vivienda en municipios tensionados. Salvo el arrendador de Jennifer, que es un fondo de inversión con sede en Madrid, el resto son pequeños arrendadores. El Gobierno Vasco cifra en 25.695 —de ellos, 8.019 en Gipuzkoa— los contratos que van a finalizar este año.

Si los jueces no validan las prórrogas extraordinarias vigentes en los municipios tensionados, y que los caseros están impugnando ante los tribunales, el número de demandas de desahucio se incrementará hasta niveles insoportables para una sociedad civilizada y cohesionada. Agravandose el drama social de acceso a una vivienda asequible que sigue siendo el primer problema de la sociedad vasca segun el SOCIÓMETRO de abril.

En tercer lugar, y para impedir que familias con menores tengan que dormir en la calle, exigimos al Gobierno Vasco, a la Consejería de Vivienda y a los ayuntamientos medidas urgentes y valientes para aumentar el insuficiente y obsoleto parque de viviendas de alquiler social. Para ello proponemos:

A los grandes tenedores, y en especial a bancos y fondos de inversión, no desahuciar a familias vulnerables. En este sentido, les avisamos de que vamos a impedir por todos los medios los desahucios que finalmente soliciten en los juzgados, como el de Lorena y Luis.

La intermediación de los ayuntamientos con los grandes tenedores para impedir lanzamientos de inquilinos vulnerables y para que les ofrezcan una alternativa habitacional; es decir, la firma de un contrato de siete años de alquiler social en el caso de Lorena con Kutxabank, como el obtenido en Errenteria tras la mediación de la alcaldía con Caixabank, que permitió suspender el desahucio previsto para el 5 de marzo y firmar un alquiler social. Con el mismo objetivo nos vamos dirigir los ayuntamientos de Irun y Donostia, por ahora.

El refuerzo del parque público de viviendas mediante la incorporación de viviendas vacías en manos de grandes tenedores, en especial de entidades financieras y sus inmobiliarias con arraigo en Euskadi, como Kutxabank, Caja Laboral o BBVA, que además han obtenido por tercer año consecutivo beneficios históricos. El uso social de las viviendas vacías está regulado mediante el canon y la expropiación en la Ley de Vivienda Vasca, extensivo también a las viviendas vacías de pequeños tenedores.

Los organismos internacionales obligan a los gobiernos a ofrecer alternativas habitacionales a las familias vulnerables sin recursos cuando son desahuciadas, por lo que Houda y sus hijos deben disponer de un techo digno antes del 9 de junio, al igual que otras familias en su misma situación victimas de esta oleada de desahucios.

Kontsumobide tiene que INSPECCIONAR a los portales e inmobiliarias para que cumplan la Ley de Vivienda en los municipios tensionados, aplicando los índices de referencia que limitan los precios a los grandes tenedores y ofertando, en el caso de los pequeños, la renta fijada en el último contrato firmado. Y, en caso de incumplimiento —como viene ocurriendo—, la aplicación de las sanciones que regula el Estatuto del Consumidor y la Ley de Medidas Urgentes aprobada el pasado diciembre.

KUTXABANK: RETIRA LA DEMANDA DE DESAHUCIO DE LORENA Y FIRMA UN CONTRATO DE ALQUILER SOCIAL

NO A LOS DESAHUCIOS DE INQUILINOS VULNERABLES INSTADOS POR GRANDES TENEDORES

REFUERZO DEL PARQUE PÚBLICO DE ALQUILER SOCIAL CON VIVIENDAS VACÍAS, ESPECIALMENTE DE BANCOS Y GRANDES TENEDORES

EL GOBIERNO ESTÁ OBLIGADO POR LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES A GARANTIZAR

UNA ALTERNATIVA HABITACIONAL A LAS FAMILIAS VULNERABLES DESAHUCIADAS, COMO LA DE HOUDA

LA VIVIENDA ES UN DERECHO, NO UN NEGOCIO

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