La Ertzaintza ha desarrollado este año una investigación por un presunto delito medio ambiental continuado contra la fauna, concretamente por la pesca de una especie protegida, comercialización de sus restos y falsedad documental. Se han abierto diligencias en calidad de investigados contra cuatro personas vinculadas a la empresa armadora de un barco con base en el puerto de Ondarroa.
A finales del año 2017, la Ertzaintza recibió una denuncia sobre un presunto delito continuado de pesca y comercio ilegal de aletas de tiburones protegidos que serían desembarcados en el puerto de Ondarroa. Según la denuncia, estas actividades se llevarían a cabo por algún barco pesquero autorizado para la pesca de determinadas especies de escualos, que aprovecharía ese permiso para pescar ilegalmente tiburones protegidos en aguas exteriores, para la posterior venta de su carne y de sus aletas con ánimo de lucro. El “finning” o cercenamiento de las aletas de tiburón consiste en atrapar tiburones, cortarles sus aletas y devolverlos mutilados al mar, donde inevitablemente morirán por asfixia, al no poder nadar y conseguir la circulación de agua por sus branquias, desangrados o devorados por otros peces. Esta práctica pesquera está expresamente prohibido por la UE desde el año 2013, pero, a pesar de ello, los tiburones son presa de los barcos pesqueros por el creciente mercado de sus aletas, que pueden alcanzar hasta 1.000 ?/kilogramo en el mercado asiático. Esta demanda de aletas para hacer sopa y de cartílago para productos farmacéuticos, no solo por parte de la medicina tradicional china, provocan una verdadera catástrofe ecológica para este grupo de peces.
Tras la recepción de la denuncia, la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la División de Investigación Criminal y Policía Judicial de la Ertzaintza comenzó una investigación y comprobó que en la Comunidad Autónoma Vasca sólo había dos buques de palangre de superficie -ambos con sede en el puerto base en Ondarroa- con permiso para la pesca de dos tintorera, tiburón azul o kaela (Prionace glauca), abundante en aguas vascas y, de manera accidental, de marrajo común (Isurus oxyrinchus), ambas especies no protegidas.
En el transcurso de estas investigaciones, en el mes de abril de 2018 el Servicio de Inspección Pesquera del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación realizó una inspección a uno de estos dos barcos autorizados que había atracado en el puerto de Ondarroa, tras varios días de navegación en aguas exteriores del Golfo de Bizkaia. Durante su inspección, los técnicos localizaron en la bodega del barco veinte ejemplares de marrajo sardinero (Lamna nasus), especie de tiburón protegida por el convenio que regula el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el Reglamento Europeo de Protección de la Fauna y la Comisión Internacional para la Conservación del Atún del Atlántico (ICCAT), entre otros organismos internacionales. Además, la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), lo considera “en peligro crítico” y por ello la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) prohíbe la pesca de esta especie en todas las zonas del mundo.
Además, los técnicos también comprobaron que el capitán del barco inspeccionado había alterado datos en el diario electrónico de a bordo consistentes en hacer pasar las capturas de los marrajos sardineros por pesca accidental de marrajo común, todo ello con el ánimo de entorpecer la labor inspectora durante el desembarco de las capturas.
Ante esta situación, se decomisaron los veinte ejemplares de marrajo sardinero, que fueron entregados al Banco de Alimentos de Bizkaia, para su reparto entre diversas organizaciones sin ánimo de lucro. Dada la importancia de la pesca ilegal detectada, esta actuación del Servicio de Pesca Marítima se incorporó a las diligencias policiales, lo cual permitió la imputación de cuatro personas (el capitán del barco, el responsable de la gestión de su pesca y las personas responsables de la empresa armadora propietaria de la embarcación) por un presunto delito continuado contra la fauna, comercialización de sus restos y falsedad documental.
El Juzgado de Instrucción nº 2 de Gernika se ha hecho cargo de las investigaciones.
Departamento de Interior Gobierno Vasco y foto
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