El servicio jurídico de Diputación Foral de Gipuzkoa evita diez ejecuciones hipotecarias

El objetivo es atender de forma eficiente todos los casos de riesgo de pérdida de la vivienda habitual que se produzcan en Gipuzkoa

El servicio activado por la Diputación para ofrecer asistencia jurídica especializada  a ciudadanos y ciudadanas de Gipuzkoa que estén en riesgo de perder su vivienda habitual, o de exclusión social derivado de situaciones de sobreendeudamiento, ha dado a conocer sus primeros datos. Según ha expuesto el portavoz foral Imanol Lasa, hasta ahora se han atendido un total de diez casos, y en todos ellos se ha evitado la ejecución hipotecaria: “El balance es muy positivo”, ha destacado.

A través de este servicio, la Diputación ofrece ayuda y asesoramiento “de manera personalizada” a las personas en riesgo de desahucio, en el ejercicio de las actividades de mediación y las acciones legales que elijan para defender sus derechos.

La encargada de llevar a cabo la asistencia jurídica es la letrada Yolanda de Pablo, con la que se firmó un contrato administrativo de servicios con una vigencia de un año por valor de 30.250 euros. El contrato concluye en junio pero la intención de la Diputación es extender el servicio a toda la legislatura, “más si cabe viendo que se están gestionando los casos de forma satisfactoria y que se está haciendo un trabajo excelente”.

El objetivo del servicio es llegar a toda Gipuzkoa. Para ello, cuenta con varios despachos en todas las comarcas, compuestos por un total de siete profesionales, todos ellos con experiencia práctica en la defensa de estos casos y una trayectoria en plataformas y movimientos sociales de este ámbito. “La idea es atender de forma eficiente todos los casos de riesgo de pérdida de la vivienda habitual que se produzcan en Gipuzkoa”, ha explicado Lasa.

El servicio, gratuito, está destinado a las personas con menos recursos y más vulnerables, por lo que establecen en los pliegos una serie de topes en cuanto a los ingresos, ahorros y patrimonio. Si el caso se encuentra en fase preprocesal, como ha sucedido hasta ahora en la práctica totalidad de los casos atendidos, se trata de personas que carezcan de recursos para costear su asistencia jurídica.

Si se encuentra en fase procesal, pueden ser destinatarias las personas que hayan quedado fuera de la cobertura del servicio de justicia gratuita y que no superen las condiciones económicas establecidas en el servicio. También pueden acceder al servicio personas que hayan avalado el préstamo de una tercera persona deudora de buena fe que no haya podido pagar su deuda, y a quienes la reclamación de la entidad financiera les pone en riesgo de perder dicha vivienda.

A través de estas acciones legalmente asesoradas el objetivo es evitar la pérdida de la vivienda habitual y la consiguiente situación de exclusión. Cuando esto no sea posible, se intentará retrasar lo máximo el desahucio, así como evitar efectos perjudiciales posteriores derivados de que se establezca la permanencia de una deuda viva.

Los ayuntamientos, implicados

El papel de los ayuntamientos es muy importante, ya que las peticiones para acceder a este servicio se canalizan a través de los servicios sociales de atención primaria. Por ello, la Diputación realizó ayer, martes, un taller de trabajo con unos 90  alcaldes, concejales, y técnicos de servicios sociales de los ayuntamientos de Gipuzkoa, en el que participaron 70 consistorios del Territorio.

El taller sirvió por un lado para dar a conocer las funciones del servicio de asistencia de la Diputación, las actuaciones realizadas, y aclarar dudas sobre su funcionamiento, además de transmitir a los trabajadores sociales nociones jurídicas básicas en relación a deudores sin recursos en riesgo de ejecuciones hipotecarias.

En ese sentido, con el objetivo de prestar un servicio integral y aprovechando los recursos ya existentes en los servicios sociales de base de los ayuntamientos, se evalúa si hace falta una intervención social de urgencia, o una intervención de tipo psicológico, ya que habitualmente la afectación a la persona en riesgo de perder su vivienda no solo tiene consecuencias económicas sino también psicológicas.

Por otro lado, el encuentro permitió reflexionar de forma compartida sobre los casos en que se ha intervenido, intercambiar información entre ayuntamientos sobre las distintas medidas, iniciativas y ayudas que existen para atender esta problemática, y hacer propuestas de mejora.

Se trata, según Lasa, del primer paso para construir una red interinstitucional que permita mejorar la atención que se da a las personas afectadas, no solo en el ámbito jurídico. “Estamos ante una realidad muy dura y que hay que denunciar, pero las instituciones no podemos quedarnos en la simple crítica. Nuestro deber es trabajar de forma conjunta para aportar soluciones. Para eso queremos crear esta red de Gipuzkoa”.