SADE y Ayuntamiento negocian para el Bellas Artes recuperar su uso residencial y cinematográfico con una sala de cine a cambio de retirar la reclamación interpuesta contra el Ayuntamiento
- En su intervención en el Parlamento vasco, Coro Odriozola, directora de la empresa donostiarra, ha dado cuenta de la propuesta de SADE en las negociaciones que actualmente mantiene con el Ayuntamiento de San Sebastián, y ha mostrado la total disposición de la empresa para llegar a un acuerdo.
- La empresa donostiarra, propietaria del inmueble, recuerda que la sentencia del TSJPV, que confirma que el edificio está en ruina desde 1997, anula en la práctica la declaración del Bellas Artes como Bien Cultural y deja sin sentido las órdenes de ejecución del Ayuntamiento de Donostia y Diputación Foral de Gipuzkoa
- Odriozola ha recordado que el Gobierno vasco, tras la sentencia y a través de una Orden del 4 de octubre de 2017, ha decidido no inscribir el Bellas Artes como Bien Cultural dada la situación de hecho de ruina del inmueble, la consiguiente obligación de la administración de costear su eventual rehabilitación y la correspondiente indemnización a la propiedad por las limitaciones físicas que se imponían al edificio. El Gobierno entiende que tales costes no están justificados a la vista de la carencia de suficientes valores culturales del edificio
- SADE ha reiterado su propuesta para el Bellas Artes, tras 20 años de discusión legal, que pasa por recuperar el uso residencial que ha sido suprimido por el Ayuntamiento y mantener la estética exterior del edificio original, con las pequeñas correcciones que son necesarias para darle un nuevo uso al edificio, similar a lo que se hizo con La Perla y que ha resultado ser muy bien aceptada por la ciudadanía. A cambio de ese acuerdo, SADE acepta destinar las primeras plantas del edificio a un cine de 300 butacas en la planta baja y retiraría la reclamación de 13,7 millones de euros que tiene interpuesta contra el Ayuntamiento y que está pendiente de sentencia
Coro Odriozola, directora de SADE, ha comparecido en la Comisión de Cultura, Euskera y Deporte del Gobierno vasco, a petición de sus integrantes, para exponer la situación generada tras la decisión de los tribunales que anuló la orden que declaraba al Bellas Artes como Bien Cultural. En su intervención, ha desglosado la propuesta de la empresa para dar un uso al edificio en las negociaciones que actualmente mantiene con el ayuntamiento de San Sebastián. Odriozola ha adelantado la total disposición de SADE para llegar a un acuerdo, para lo cual se ha ampliado el plazo inicialmente marcado para estas conversaciones.
La propuesta de SADE mantiene la imagen externa del edificio, adaptándolo a las nuevas necesidades, e implica derruir las fachadas laterales y reconstruirlas con una estética similar pero adaptando los huecos a los nuevos usos requeridos. Como dato, Coro Odriozola ha señalado que una prueba reciente de resistencia ha reflejado el mal estado de la estructura que soporta la fachada, con resistencias de apenas 1/3 de lo que exige la normativa.
Durante su intervención, Odriozola ha recordado que el propio Gobierno vasco, a través de una Orden del 4 de octubre de 2017, ha decidido no inscribir el Bellas Artes como Bien Cultural, dada la situación de hecho de ruina del inmueble y por carecer de los suficientes valores culturales. Asimismo, ha querido poner en valor que la propuesta de SADE incluye, como contrapartida, la construcción de un amplio cine con 300 butacas en la planta baja, “pese a la escasa rentabilidad que tiene actualmente este negocio”.
Respecto a otros posibles usos del edificio, Odriozola ha hecho hincapié en que durante los últimos 30 años SADE no ha dejado de presentar propuestas que no han sido aceptadas por las administraciones públicas. De igual forma, ha desgranado los esfuerzos de la propiedad para dotar de actividad al inmueble, pero ha añadido que es muy complicado encontrar inquilinos interesados, que podrían darle diferentes utilidades, hasta que no se despeje definitivamente su situación legal. Además, ha detallado que su petición de un uso residencial no implica necesariamente que se destine el edificio a viviendas, sino que facilita esas futuras negociaciones para encontrarle un uso.
Coro Odriozola ha admitido que el edificio tiene algún valor cultural que se puede respetar con su propuesta, y ha invitado a las administraciones públicas a realizar una compra o una permuta del edificio si desean destinarlo a usos como un museo del cine o como equipamiento cultural, aunque ha indicado que “nunca hemos recibido ninguna oferta de este tipo”.
Como ejemplos de antecedentes similares a la posición de SADE, ha recordado que el edificio de La Perla también se derribó y se reconstruyó siguiendo una estética similar a la original pero adaptado a los nuevos usos. Y también ha citado el caso del Hotel Hispano Americano que, manteniendo su imagen externa, ha pasado a tener un uso residencial.
Preguntada por los grupos, Odriozola ha apuntado que la obligación de mantener el edificio corresponde a las administraciones públicas desde 2001, ya que en febrero de ese año así lo declaró el Tribunal Supremo en sentencia firme, al afirmar que “el propietario solo debe realizar las obras urgentes y necesarias para la seguridad”. Es decir, que el mantenimiento del inmueble le correspondía al Ayuntamiento desde aquel momento. La reciente sentencia del TSJPV ha confirmado ese estado de ruina legal y, en consecuencia, la obligación de la administración de mantenerlo en pie si por razones culturales entiende que no se debe derribar.
Javier Olaverri, abogado de SADE, ha declarado que las administraciones públicas han venido actuando como si desconocieran que el edificio está en ruina, y ha apuntado que los informes técnicos más serios -realizados por Tecnalia con catas y observación directa de su estado actual- concluyen que el edificio puede derrumbarse en cualquier momento y sin previo aviso, y que si no lo hace es porque el edificio no tiene un uso actualmente que le haga soportar cargas adicionales.
De igual forma, Olaverri ha recordado que está pendiente de sentencia la reclamación de SADE al Ayuntamiento por valor de 13,7 millones de euros, por haberle quitado a la parcela del Bellas Artes el uso residencial. «Es una decisión de coste potencial difícilmente justificable ante la ciudadanía y contradictorio con la actual tendencia de la corporación a restringir el uso no residencial en el centro», ha añadido. Olaverri cree que “una adecuada defensa de los intereses económicos de los ciudadanos pasa por negociar ese riesgo del pleito y actuar con la misma sensatez que en su día se actuó en La Perla”.
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redaccion@gipuzkoadigital.com GipuzkoaDigital.com 18 Octubre 2017
Donostia San Sebastián
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